Historia

Pese a las dramáticas pérdidas que ha sufrido el movimiento social en Colombia, se siguen construyendo propuestas de Derechos Humanos y paz desde la sociedad civil.

Las Organizaciones han padecido una ofensiva que ha cobrado la vida de importantes dirigentes y activistas, ocasionando en algunos casos fracturas en el tejido social y en los procesos organizativos.

En el año 2001, La Organización Diakonía la gente cambia el mundo (Suecia) y sus contrapartes, expresaron la intención de generar un mecanismo que permitiera responder de manera apropiada y segura a  las situaciones de riesgo que enfrentaban las personas pertenecientes a las organizaciones y  comunidades con las  que ellas trabajaban, con el fin de proteger sus vidas y mantener el trabajo organizativo y de defensa de los Derechos Humanos en medio de la degradación del conflicto armado. Se conformó entonces un grupo de trabajo integrado por: 

  • El Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción No Violenta (Justapaz); 
  • El Instituto Latinoamericano Para Una Sociedad y Un Derecho Alternativos (Ilsa); 
  • El Banco de Datos Cinep – Justicia y Paz
  • La Corporación Avre (Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política). 

Estas entidades inicialmente conformaron el comité coordinador encargado de la construcción y la consolidación del proyecto. A principios del año 2002, Humanidad Vigente se adhirió a esta iniciativa en reemplazo del Banco de Datos Cinep – Justicia y Paz. En la actualidad, el comité coordinador está compuesto por Justapaz, Ilsa, Avre y Humanidad Vigente (por la CCEEU). 

Este cuerpo colegiado se encarga de la dirección del proyecto, la presentación, estudio, aprobación y seguimiento de los casos, y el diseño de la estrategia de capacitación. La administración del Fondo se maneja en forma rotativa por las entidades que integran el comité, y el proyecto se encuentra apoyado por una secretaría técnica de tiempo completo. 

Las permanentes amenazas que se ciernen sobre las Organizaciones defensoras de DD.HH.,los intereses sociales y la paz, evidencian la crisis humanitaria que afronta el país desde hace varias décadas.

El proyecto se ha fundado en cuatro principios básicos: Primero, las ayudas privilegian el fortalecimiento organizativo, esto es, el apoyo sólo se entregará a las organizaciones y personas vinculadas a ellas, que se encuentren sometidas a una grave amenaza o riesgo, con ocasión de su trabajo en defensa de intereses sociales, proyectos de paz y Derechos Humanos, o a personas que sean testigos de excepción en casos de violaciones a los Derechos Humanos y cuyo testimonio sea significativo en la lucha contra la impunidad. Segundo, su intención es hacer posible que a estas ayudas accedan líderes amenazados con un perfil local o regional, en la medida en que estas personas tienen menos posibilidades de acceso a otros programas de  protección. Tercero, se apuesta por una respuesta integral en seguridad, que incluye el entorno de la persona amenazada (familia y Organización). Cuarto, la ayuda  tiene como principio la complementariedad; esto quiere decir que, cuando sea  necesario, el FFP puede aportar un recurso adicional al apoyo otorgado por otro fondo de protección, lo cual también significa que organizaciones o personas que hayan recibido ayudas de otros fondos de protección no serán excluidas del programa por este hecho.