Normatividad

Las entidades responsables de coordinar los programas de prevención de la violencia y protección a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, a nivel nacional, departamental y local, son:

  • El Consejo Nacional de Seguridad.
  • La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 de 2017).
  • La Mesa Técnica de Protección (Decreto 299 del 23 de febrero del 2017,que incluye como población objeto de protección, a las y los integrantes, del nuevo movimiento o partido político que surgió del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo).
  • El Puesto de Mando Unificado PMU, estrategia de articulación interinstitucional.
  • El Comité Nacional de Justicia Transicional (Ley 1448 de 2011).
  • Los Subcomités Territoriales de prevención y protección (Ley 1448 de 2011).
  • La Comisión Intersectorial de Garantías a Mujeres Lideresas y Defensoras de derechos humanos (Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016).
  • La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas
  • Tempranas CIPRAT (Decreto 2124 de 2017).
  • El Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas CERREM (Para la evaluación de riesgos y definición en materia de medidas de protección).
  • Los Comités Territoriales de Alertas Tempranas (Decreto 2124 de 2017).
    Comités Territoriales de Prevención y Protección que pueden crearse conforme a lo estipulado en el Decreto 1581 de 2017 o Política Pública de Prev.

Decreto 2137 del 19 de noviembre de 2018.

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas.

Dicha comisión estará integrada por funcionarios del alto gobierno, tales como el presidente de la República; los ministros de Defensa, Justicia y el Interior; el comandante de las Fuerzas Militares; el director general de la Policía y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Asimismo, el Decreto establece que la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y el Consejero Presidencial para la Seguridad tendrán el carácter de invitados permanentes.

El Decreto plantea por lo menos 14 funciones para dicha comisión, entre las que se destacan: realizar un diagnóstico y hacer seguimiento de la situación general del país con relación a las amenazas contra defensores de derechos humanos y demás;

Coordinar y orientar la formulación, implementación y seguimiento de un plan de acción oportuna; formular recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad para la conformación de Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI); coordinar la implementación de medidas de protección colectiva; y generar un proyecto de autoprotección, entre otras.

Importante ver:

¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?

Decreto 154 del 03 febrero de 2017

Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016

Está conformada por el presidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación, el Director de la Unidad Especial de investigación, el Comandante las Fuerzas Militares, el Director General la Policía Nacional, tres (3) expertos reconocidos en la materia (escogidos por la CSIVI) y dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.

Su objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, entre otras funciones.

Decreto 660 del 17 de Abril de 2018

Por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para crear y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras disposiciones.

El programa se describe como una secuencia de acciones y un modelo efectivo para la coordinación, articulación e implementación de medidas integrales de prevención, protección y seguridad con las comunidades y organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios, así como sus líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas.

Todas las medidas integrales de prevención, protección y seguridad del presente programa, se implementarán bajo el modelo de coordinación y se articularán con el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida.

Se compone de dos instancias: i) El Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales y ii) del Comité Técnico de los componentes de Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia, y de Apoyo a la Actividad de Denuncia.

Ley 1908 de 2018

Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.

Su propósito es combatir todas las formas de criminalidad organizada, como el narcotráfico, el terrorismo o el lavado de activos, dentro de lo que se crearon medidas específicas para la investigación y sanción en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

Hace una diferenciación entre los Grupos Armados Organizados (GAOs) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDOs).

Importante que crea el Artículo 188E del Código Penal, denominado “amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos” (SIC) que determina pena de prisión de setenta y dos (72) a ciento veintiocho (128) meses y multa diecisiete punto setenta y siete (17,77) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Este artículo protege también a los/las familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Decreto 2124 de 2017

Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El objetivo de este sistema es la prevención y la alerta temprana ante “los riesgos y amenazas a los derechos a la vida”, en particular, por culpa del accionar de organizaciones al margen de la ley, como paramilitares. Su intención es proteger a organizaciones y movimientos políticos, “en especial aquellos que se declaren de oposición”, a líderes sociales y a miembros de “organizaciones firmantes de acuerdos de paz”.

El sistema tendrá dos componentes: i) uno de alertas tempranas, que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo, y ii) otro de “respuesta y reacción rápida en el Gobierno Nacional, con la participación de las entidades territoriales”, que será responsabilidad del Ministerio de Interior. El componente de alertas tempranas será un mecanismo para advertir de los riesgos que hay en los territorios. Tendrá un enfoque “de género, territorial, diferencial, étnico y orientación sexual e identidad de género, con el fin de contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de prevención por parte de las autoridades, así como el desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección”.

El sistema de respuesta y reacción rápida “se encargará de articular interinstitucionalmente a las entidades nacionales y autoridades territoriales, de manera rápida y oportuna para la respuesta y reacción a los riesgos identificados”. Precisa el decreto en este punto que las actuaciones “estarán sujetas a las consecuencias disciplinarias y penales a que haya lugar”.

Crea la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), que estará integrada por el ministro de Interior (quien la presidirá), el ministro de Defensa, el director de la Unidad Nacional de Protección, el general de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. Además, tendrá como invitados a los altos consejeros presidenciales para el Posconflicto y para los Derechos Humanos, así como el defensor del Pueblo, el procurador general y el fiscal general.

La CIPRAT tendrá el deber de “coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas”.

Decreto 2252 del 29 de diciembre de 2017

Por el cual se adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo.

Busca especificar los niveles de coordinación de acciones entre los gobernadores y alcaldes. Señala que con el apoyo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio Público, actuarán como primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos.

También señala deberes para los inspectores de policía y comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de Policía.

Decreto 2078 de 07 de Diciembre de 2017

Por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades.

Pone en cabeza la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección la coordinación de las medidas fijadas en el documento.

Señala que para dar paso al estudio del riesgo, en caso de que no se haya adelantado el procesos para el reconocimiento jurídico de los grupos y comunidades (que se acredita con el certificado de existencia expedido por la entidad competente), se verificará el reconocimiento social teniendo en cuenta algunas de las siguientes características, sin que estas sean taxativas:

  1. Objetivos comunes claramente definidos.
  2. Reunirse de manera temporal o permanente con el fin de alcanzar sus objetivos.
  3. Compartir rasgos culturales, sociales y/o políticos.
  4. Ubicación geográfica en un lugar determinado del territorio nacional.
  5. Estar organizados y debidamente cohesionados.
  6. Tener un vocero o líder identificado o identificable, que represente a la comunidad o grupo.

Se crea el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de medidas de protección colectiva –CERREM Colectivo.

Se señala que el proceso de solicitud de estudio del riesgo surte el mismo proceso ante la UNP que el proceso individual, solo que difiere en la instancia que analiza, valora el caso y da recomendaciones sobre las medidas a tomar que sería el CERREM Colectivo.

Decreto 1581 de 2017

Por el cual se adiciona el Título 3 a la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para adoptar la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y se dictan otras disposiciones.

Dentro de las medidas de prevención que se establecen se destacan:

  1. Proyecto de desminado y educación en el riesgo.
  2. Fortalecimiento de las estrategias encaminadas a la interiorización del respeto de los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública.
  3. Regulación de la protección de predios de las personas en situación de desplazamiento forzado.
  4. Difusión de las medidas de protección en el extranjero.
  5. Campañas de promoción de solución pacífica de conflictos.
  6. Acciones educativas para la promoción del respeto a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.
  7. Participación de las víctimas como promotores del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas –PAPSIVI.

De igual manera determina que estas responsabilidades están en cabeza de:

  1. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas.
  2. Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos al margen de la ley.
  3. Los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
  4. La Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”.
  5. Los Consejos de Seguridad Territoriales.

Decreto 1314 de 2016

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos»

Esta comisión se crea con el fin de adelantar las siguientes funciones:

  1. Coordinar y orientar la formulación, implementación y seguimiento del programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y su Plan de Acción en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.
  2. Impartir lineamientos a entidades para sistematizar la información que permita hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
  3. Formular recomendaciones para priorización de la inversión y la gestión de esquemas de cofinanciación y ejecución que permitan adecuada implementación del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

Se conforma por las siguientes instituciones:

  1. Ministro/a del Interior o su delegado/a
  2. Ministro/a de Justicia y del Derecho o su delegado/a
  3. Ministro/a de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado/a
  4. Ministro/a de Salud y Protección Social o su delegado/a
  5. Ministro/a de Educación Nacional o su delegado/a
  6. Ministro/a de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado/a
  7. Director/a del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o su delegado/a
  8. Director/a del Departamento Administrativo de la Presidencia la República o su delegado/a Serán invitados permanentes, con voz, pero sin voto:
    1. Director/a de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o su delegado/a.
    2. Director/a de la Unidad Nacional de Protección o su delegado/a.
    3. Consejero/a Presidencial para la Equidad de Mujer o su delegado/a.
    4. Director/a General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF o su delegado/a.
    5. Consejero (a) Presidencial para los Derechos Humanos o su delegado/a.
    6. Defensor (a) Delegado/a para Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo o su delegado/a.

Decreto 4911 de 2011

Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección.

Fija los parámetros para la determinación del riesgo de la Unidad Nacional de Protección. Entre los conceptos más importantes, se desarrolla:

  1. Diferenciación de situación de riesgo extraordinario y uno extremo. Estas últimas son las que son acreedoras a medidas de emergencia, las primeras son asignadas por la UNP normalmente.
  2. Medidas de emergencia (las que toma el Director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad de la evaluación del riesgo).
  3. Medidas de prevención:
    1. Planes de Prevención y Planes de Contingencia (a cargo de la Dirección de derechos Humanos del Ministerio del Interior con el apoyo de la Unidad Nacional de Protección, los departamentos y los municipios.
    2. Curso de Autoprotección (a cargo de la policía nacional en coordinación con Alcaldías)
    3. Patrullaje (a cargo de la Fuerza Pública)
    4. Revista policial (a cargo de la Policía Nacional)

Describe los tipos de medidas que se otorgan como:

  1. Esquema de protección: Compuesto por los recursos físicos y humanos
  2. Recursos Físicos de soporte a los esquemas de seguridad
  3. Medio de Movilización
  4. Tiquetes aéreos internacionales
  5. Tiquetes aéreos nacionales
  6. Apoyo de transporte terrestre o fluvial o marítimo
  7. Apoyo de Reubicación Temporal
  8. Apoyo de trasteo
  9. Medios de Comunicación.
  10. Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad.

También señala el procedimiento que se adelanta ante la UNP, que consiste en:

  1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formato de caracterización inicial del solicitante, por parte de la Unidad Nacional de Protección.
  2. Análisis y verificación de la pertenencia del solicitante a la población objeto del programa de protección y existencia del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este desarrolla.
  3. Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – CTRAI.
  4. Presentación del trabajo de campo del CTRAI al Grupo de Valoración Preliminar.
  5. Análisis de caso en el Grupo de Valoración Preliminar.
  6. Valoración del caso por parte del CERREM.
  7. Adopción de medidas de prevención y protección por parte del Director de la Unidad Nacional de Protección mediante acto administrativo.
  8. Implementación de las medidas de protección, para lo cual se suscribirá un acta en donde conste la entregada de estas al protegido.
  9. Seguimiento a la implementación.
  10. Reevaluación.